En ésta ocasión, os traemos un breve comentario referida a una noticia:

«Condena a una empresa a 200.000 euros de multa por ausencia del debido control»

Hace varias semanas leíamos la noticia de que la Audiencia Provincial de Pontevedra había condenado a una sociedad mercantil a pagar una multa de 200.000 euros y a la inhabilitación para obtener subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de dos años por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.

Lo curioso es que la misma Audiencia dictó el mismo día otra resolución, esta vez absolviendo a una persona jurídica por el mismo tipo delictivo y basándose para ello en un razonamiento jurídico diametralmente opuesto.

Y es que la falta de un criterio claro a la hora de atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica en los casos de delitos cometidos por las personas sometidas a su autoridad está generando resoluciones contradictorias. De tal forma que nos encontramos con la ironía de que ante supuestos de hecho muy similares un mismo órgano judicial aplica:

  1. En unas ocasiones la teoría de la autorresponsabilidad, donde la ausencia de mecanismos de control o modelos de Compliance constituye un elemento del tipo que debe ser probado en cada caso por la acusación y,
  1. En otras ocasiones la teoría de la heterorresponsabilidad o responsabilidad vicarial, donde la existencia de dichos controles se considera una circunstancia eximente o absolutoria que, en consecuencia, debe ser probada por la persona jurídica imputada.

Volviendo a las mencionadas sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra,  en una de ellas se condena a la persona jurídica por apreciarse la “ausencia de un debido control sobre una obligación ordinaria de naturaleza tributaria, que permite concluir en la existencia de responsabilidad criminal” (teoría de la autorresponsabilidad)

En cambio, en la otra sentencia se absuelve de responsabilidad penal a la persona jurídica por cuanto la acusación no había acreditado la “inexistencia de controles por parte de la entidad para prevenir el delito que se le atribuye” (teoría de la heterorresponsabilidad).

Esta no es la primera vez -y seguramente tampoco la última- en la que nos encontramos con este tipo de contradicciones que generan una gran inseguridad jurídica tanto para la defensa como para la acusación, y que esperamos que la práctica judicial vaya resolviendo.