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A fecha de hoy, y tras un primer análisis de las mismas, podemos concluir que las coberturas más amplias se refieren únicamente a la Defensa Letrada de la empresa en las fases más incipientes del proceso penal, pudiendo alcanzar en algún caso el depósito de una fianza que garantice la libertad provisional del asegurado.

Es un primer paso al que damos la bienvenida y que esperamos que se consolide, si bien vemos muy poco probable que ninguna aseguradora cubra con carácter general el riesgo derivado de los ilícitos penales de los que pueda ser responsable la empresa, si bien en el caso de que ésta cumpla con los requisitos establecidos en el Código Penal y en la Circular 1/2016  de la Fiscalía General del Estado la probabilidad de una condena penal se reduce al poder actuar los modelo de Compliance como eximente o atenuante de dicha responsabilidad.

Por ello, si la empresa combina un efectivo programa de Corporate Compliance con una póliza de defensa penal de las personas jurídicas, su exposición al riesgo quedará controlada y asegurada, dotando a la empresa de la tranquilidad necesaria para ordenar sus recursos con total eficiencia.
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