El derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto sino que, en determinadas circunstancias, puede ceder frente a otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión o a la tutela judicial efectiva.
En esta ocasión, hablaremos del derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española.
Esta colisión entre ambos derechos es frecuente encontrarla especialmente en determinadas profesiones como las de abogado y procurador.
Así, una de las preguntas más habituales que se plantean estos colectivos es la siguiente: ¿necesito el consentimiento de la contraparte en un procedimiento judicial para tratar sus datos personales?
A este respecto, debemos recordar que la Agencia Española de Protección de Datos ha reconocido que en el tratamiento de datos personales de la contraparte entran en colisión el derecho a la protección de datos y el derecho a la tutela judicial efectiva, prevaleciendo este último.
Por ello, no es necesario solicitar el consentimiento, sino que el tratamiento de sus datos se verá amparado por la existencia de un interés legítimo, derivado del derecho de defensa y del derecho a la representación procesal. Es más, no existe necesidad de informar a la contraparte sobre el tratamiento de sus datos personales en el marco de un proceso judicial, dado que el art. 14.5.b del Reglamento General de Protección de Datos exime de dicho deber cuando imposibilite u obstaculice gravemente el logro del tratamiento.
Otra de las dudas habituales, es si se pueden aportar datos personales de terceros en la formulación de una demanda, como parte de las pruebas que se acompañan.
A este respecto, es criterio reiterado de la Agencia Española de Protección de Datos que nuevamente prevalece el interés legítimo, derivado del derecho a utilizar los medios de prueba que sean necesarios para la defensa de las pretensiones.
De hecho, el Reglamento General de Protección de Datos (en su artículo 9.f) recoge como una de las causas que legitiman el tratamiento de categorías especiales de datos “la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial”.
Así ocurre, por ejemplo, en las grabaciones de las vistas donde los tribunales realizan un tratamiento de la imagen y voz de las partes en el marco de su función judicial y para dar cumplimiento a la obligación legal prevista en el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( “las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los secretarios judiciales, se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse”.)
Por tanto, el derecho a la protección de datos no es absoluto, pero siempre es necesario realizar, caso por caso, un juicio de ponderación para determinar si, a la vista de las concretas circunstancias, el derecho a la tutela judicial efectiva prevalece sobre el derecho a la protección de datos personales de los afectados.
