¿Es lícito usar sistemas de videovigilancia en los centros de trabajo para vigilar a los empleados? Ésta ha sido una de las cuestiones más debatidas y controvertidas a nivel doctrinal y jurisprudencial en la última década.

Así, nos hemos encontrado resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, sentencias de los Juzgados de lo Social, jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que no siempre mantenían un criterio uniforme y estable.

La corriente predominante en los últimos años ha sido aceptar que el empresario tiene derecho a controlar el desarrollo de la actividad laboral en ejercicio del poder de supervisión establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Desde el punto de vista de la protección de datos y el derecho a la intimidad, la existencia de esta facultad de control establecida por una norma con rango de ley era suficiente para justificar la legitimidad del tratamiento de los datos recabados a través de estos sistemas, excluyendo por tanto la necesidad de contar con el consentimiento de los empleados.

No obstante, para que dicho control fuera lícito era necesario que el empresario hubiera informado previamente a los trabajadores de la existencia del sistema de videovigilancia, en los términos del artículo 5 de la LOPD, indicando expresamente la finalidad de control de la relación laboral y la posible aplicación de medidas disciplinarias.

El Anteproyecto de la nueva LOPD recoge este criterio en su artículo 17.5, añadiendo además que en el supuesto de que las imágenes hayan captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores será suficiente con haber cumplido el deber de información general para todos los sistemas de videovigilancia.