Al igual que ocurre con las personas físicas, las personas jurídicas también pueden ser objeto de la aplicación de medidas cautelares en el marco de un procedimiento penal.

Para que proceda la adopción de una medida cautelar deben cumplirse los presupuestos tradicionales de apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y riesgo en la demora (periculum in mora), además del juicio de proporcionalidad.

Ello significa que, por un lado, deben existir indicios suficientes de que se ha cometido un delito cuya responsabilidad sea atribuible a la persona jurídica y, por otro, que la dilación hasta que exista un pronunciamiento firme pueda favorecer la destrucción de pruebas, la distracción de bienes o la continuidad de la conducta delictiva. Por tanto, el fundamento último de la adopción de una medida cautelar es garantizar la efectividad de la eventual condena.

En este sentido, existen tres categorías de medidas cautelares susceptibles de aplicación a una persona jurídica. Por un lado, están las previstas en el artículo 33.7 del Código Penal. Dicho precepto prevé que tanto la clausura temporal de los locales y establecimientos, como la suspensión de las actividades y la intervención judicial puedan ser acordadas como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Asimismo, pueden aplicarse las llamadas medidas cautelares reales (fianza, embargo…) para garantizar la eventual pena de multa o la posible responsabilidad civil. Y finalmente, existen otras medidas cautelares específicas previstas para determinados delitos (por ejemplo, en los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo).

Nuestros tribunales han tenido la ocasión de examinar la procedencia de la adopción de medidas cautelares en diversas ocasiones (resultando interesante, en cuanto a la exposición de los requisitos para su admisión, el Auto del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional de 30 de julio de 2012). En definitiva, la procedencia de la admisión (o no) de una medida cautelar sobre una persona jurídica dependerá en última instancia del examen de las circunstancias concurrentes en cada caso.