Todos aquellos que se hayan visto envueltos en alguna operación societaria de adquisición, fusión o absorción ya estarán familiarizados con el concepto de “due diligence”.

Y es que la realización de una due diligence es un proceso imprescindible por el que necesariamente debemos pasar antes de adquirir una sociedad. Este examen de la compañía objetivo nos permitirá detectar las oportunidades, pero sobretodo los riesgos para tomar una decisión tan importante con toda la información disponible.

Por este motivo, normalmente cualquier proceso de due diligence contempla aspectos y contingencias fiscales, medio ambientales, societarias, mercantiles, de protección de datos, de propiedad intelectual e industrial, etc.

El objetivo final es conocer exactamente qué estamos adquiriendo para evitar sorpresas desagradables en el futuro.  Tanto es así que del resultado de la due diligence va a depender la decisión de seguir adelante o no con la adquisición.

Por ello, resulta sorprendente que a día de hoy todavía la mayoría de procesos de due diligence omitan el examen de un área tan importante como es el riesgo penal.

Especialmente porque tras la reforma del año 2010, el Código Penal establece que la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, sino que ésta se traslada a la entidad resultante, trasformada o absorbente.

Lo anterior implica que al adquirir una sociedad nos exponemos a asumir la responsabilidad penal por determinados delitos que hayan podido cometer previamente los empleados, directivos o administradores de la empresa adquirida. Un riesgo sin duda demasiado elevado como para no tenerlo en cuenta en el análisis previo.

La buena noticia es que podemos evitarlo llevando a cabo una due diligence penal. De este modo, al igual que en otro tipo de due diligence se examinan contratos, registros públicos, etc. en la due diligence penal se examinan, entre otros, la existencia de un código ético, los mapas de riesgos penales, el funcionamiento del canal de denuncias, el histórico y los controles existentes.

Es importante resaltar que este tipo de examen no tiene por objetivo detectar la comisión de delitos en la empresa objetivo, sino evaluar los elementos de su modelo de prevención de delitos, así como la cultura ética y de cumplimiento existente. Se trata, en definitiva, de ejercer un debido control sobre la compañía a adquirir analizando su entorno de control y detectando posibles deficiencias.

Si precisa más información sobre cómo llevar a cabo una due diligence penal, no dude en ponerse en contacto con Lascasas Despacho de Abogados.