La Circular 1/2011 de la Fiscalía General Estado, relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, ya reconocía la responsabilidad penal de los Colegios Profesionales y otras Corporaciones de Derecho Público; criterio que ha sido posteriormente confirmado en su Circular 1/2016, de 22 de enero.

Por tanto, al igual que otras personas jurídicas, los Colegios Profesionales podrían ser declarados penalmente responsables por delitos cometidos por los miembros de sus órganos de gobierno o sus empleados, a menos que cuenten con un robusto y efectivo Programa de Corporate Compliance.

Además, como órgano representante de los profesionales del sector en una determinada región, los Colegios Profesionales no sólo deben dar cumplimiento a las finalidades indicadas en sus Estatutos, sino que deben ser un ejemplo a seguir por todos sus colegiados en materia de ética y de cumplimiento normativo, dando a conocer su cultura de Compliance a través de la adopción de un modelo para la prevención de la comisión de delitos en su seno.

Por todo ello, es altamente recomendable que los Colegios Profesionales cuenten con un Programa de Corporate Compliance que proteja adecuadamente a la institución de cualquier responsabilidad penal.