Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, repercusión en los sistemas de compliance.

La recién aprobada Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal trae consigo multitud de novedades  encaminadas a reducir las actividades fraudulentas en el ámbito tributario.

Esta norma supone nuevas obligaciones para las empresas, que más allá de adecuar la gestión de sus impuestos a las novedades tributarias, necesitarán adaptar sus sistemas de gestión de riesgos penales (Compliance) a las expectativas que se exigirán conforme vayan entrando en vigor los diversos asuntos que se tratan en la Ley.

Tres aspectos de la nueva norma con incidencia en los sistemas de compliance.

Compliance lucha fraude fiscal

Compliance lucha fraude fiscal

Aun siendo solo un pequeño reflejo de lo que supone esta nueva normativa, resumimos a continuación 3 aspectos con incidencia en las tareas de control fiscal en los sistemas de Compliance:

Requisitos del software de contabilidad y gestión

Para paliar el problema de los programas de doble uso, capaces de llevar una “caja B” oculta a los ojos de la Administración, el legislador endurece los requisitos de los softwares dedicados a procesos contables, de facturación o de gestión empresarial.

¿A qué sanciones se enfrentan las empresas?

En concreto, constituye una infracción tributaria grave la fabricación, producción y comercialización de estos sistemas abiertos a la posibilidad de manipular fraudulentamente los datos de una empresa; sancionándose, en casi la totalidad de los supuestos, con 150.000€ por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas de los mismos y por cada tipo de programa informático que sea objeto de la infracción.

El modo de evitar estas cuantiosas multas para las tecnológicas de desarrollo de este tipo de software es garantizar que el mismo respeta la integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros empresariales, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria.

Es de esperar que estas especificaciones técnicas sean objeto de desarrollo reglamentario al objeto de concretar la eficiencia exigida en los sistemas de Tax Compliance, incluyendo la posibilidad de que se exijan certificaciones concretas y formatos normalizados.

Una cuestión de vital importancia en este punto es que no solo es infractor quien desarrolla el programa informático de gestión que no satisface los criterios previstos en la ley de lucha contra el fraude fiscal, sino también la empresa que lo usa.

De hecho, se considera infracción grave, sancionada con multa de 50.000€ por cada ejercicio en el que se haya producido el hecho sancionado, la tenencia de estos programas informáticos que no se ajusten a los requerimientos indicados, que no estén debidamente certificados cuando reglamentariamente así se exija o que, pese a encontrarse certificados, se hayan alterado de algún modo.

Por lo tanto, a partir de ahora, es vital contemplar estas potenciales infracciones en el mapa de riesgos de los sistemas de gestión de Compliance a los efectos de diseñar los controles específicos para la prevención del fraude fiscal.

Límites a los pagos en efectivo

La facilidad defraudatoria que propicia el pago en efectivo hace que la Administración sea cada vez menos permisiva con este medio de pago, especialmente en operaciones de cuantías significativas. A raíz de ello, la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha endurecido los límites para los pagos con dinero físico:

  • El límite general de pagos en efectivo en los que sean parte empresarios o profesionales pasa de 2.500 € a 1.000 €.
  • El límite cuando el pagador sea una persona física con domicilio fiscal fuera de España que no actúa en calidad de empresario o profesional se reduce de 15.000 € a 10.000 €.

Sobrepasar tales restricciones supondrá para el infractor una multa del 25% de la cuantía pagada en efectivo, si bien se podrá ahorrar un 50% de la sanción si no presenta alegaciones y paga de manera voluntaria.

También cabe la exoneración de responsabilidad por la infracción, evitando la multa aquel que denuncie el hecho en los 3 meses siguientes al pago en cuestión, salvo que las dos partes den el chivatazo a la vez.

Deberes de información sobre criptomonedas

El auge de las criptomonedas, unido a la hasta ahora opacidad fiscal que se apareja a las mismas, las convierte en un foco potencial de fraude difícil de atajar. En respuesta a esta creciente relevancia de las divisas digitales, la nueva Ley instaura obligaciones de información a los prestadores e intermediarios que proporcionen servicios relacionados con estos activos virtuales.

En resumen, las personas y entidades que, de un modo u otro, salvaguarden claves criptográficas privadas en nombre de terceros para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, deberán informar a la Administración sobre los saldos de cada moneda virtual y dinero de curso legal en relación con la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de los mismos.

Si además se proporciona o intermedia en servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, la información comunicada tendrá que abarcar el tipo de operaciones realizadas, los cobros y pagos, así como cuáles han sido los sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.

La medida, que a priori acaba con el anonimato de quienes operan con criptomonedas, se ve reforzada por la obligación para los contribuyentes de informar a la Administración Tributaria sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que sean titulares, beneficiarios, autorizados u otra posición que les otorgue poder de disposición sobre ellas.

Estas cuestiones obligan a las empresas a revisar y actualizar su mapa de riesgos en los sistemas de gestión de compliance, incluyendo esta nueva norma en el catálogo normativo de aplicación para la prevención del fraude fiscal y tomando las decisiones de control adecuadas para minimizar los riesgos inherentes que de ella se desprenden.

Enrique Gaspar San José.