El pasado 26 de noviembre entró en vigor el Real Decreto Ley 18/2017, un paso más en la integración del Compliance en el día a día de las empresas.

Compliance ético

Primero fue la reforma del Código penal del 2010 y 2015 con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, luego la modificación de la Ley de Sociedades de Capital en 2014 para la mejora del gobierno corporativo, después la nueva Ley de Contratos del Sector Público con la posibilidad de levantar una prohibición de contratar implantando medidas apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones…

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo, poco a poco y casi sin darnos cuenta, el Compliance ha ido calando en las empresas a golpe de legislación. El último avance lo encontramos en el Real Decreto Ley 18/2017, que viene a regular nuevas obligaciones de reporting no financiero para las grandes empresas de interés público.

Así, estas empresas deberán incluir en el informe de gestión que acompaña a sus cuentas anuales toda aquella información necesaria para comprender la evolución, resultados y situación de la organización, y el impacto de su actividad en materia medioambiental, social, de personal, de derechos humanos y en relación con  la lucha contra la corrupción y el soborno.

Entre dicha información, la organización deberá detallar las políticas de las que dispone relativas a las citadas cuestiones, incluyendo los procedimientos para la identificación y evaluación de riesgos, de verificación y de control.

Por tanto, vemos cómo progresivamente el Compliance se va integrando en diversos ámbitos del mundo empresarial obligando a las empresas a apostar por prácticas éticas y de cumplimento normativo como requisito imprescindible para mantenerse en el mercado y alcanzar el éxito.