El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, cuyo objeto es transponer al ordenamiento jurídico españolas una serie de directivas europeas. Entre ellas, cabe destacar la:

  • Directiva (UE) 2014/57/UE de 16 de abril de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado).
  • Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo.
  • Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

Las principales novedades introducidas son las siguientes:

  • Se modifica el artículo 284 y 285 del Código Penal y se añaden tres nuevos artículo (285 bis. 285 ter y 285 quater) sobre manipulación de mercados financieros, para incluir nuevas modalidades de comisión del delitos y nuevas conductas típicas.
  • Se modifica el artículo 286 bis del Código Penal, relativo a los delitos de corrupción en los negocios, a efectos de incluir en la conducta típica no sólo la solicitud o aceptación de un beneficio o ventaja no justificados, sino también su mero ofrecimiento o promesa de obtenerlo.
  • Se modifica el artículo 308 del Código Penal, igualando el régimen de fraude de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, dando una regulación uniforme a las subvenciones locales, autonómicas, nacionales y europeas, y fijando la cuantía del delito en 100.000 euros.
  • Se modifica el artículo 572 y 573 del Código Penal sobre lucha contra el terrorismo y organizaciones terroristas, para aumentar las sanciones y añadir nuevas conductas típicas.
  • Se modifica el artículo 423 del Código Penal, extendiendo los delitos de cohecho a “los jurados y árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública.”
  • Se incluye, entre el catálogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal para las personas jurídicas, los delitos de malversación de caudales públicos (artículo 435.3 del Código Penal). En consecuencia, podrán responder penalmente de este delito aquellas personas jurídicas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.
  • A los efectos anteriores, el nuevo artículo 435 bis del Código Penal modifica la definición de “funcionario público” remitiendo a los artículos 24 y 427 (también modificado) del mismo texto legal. En consecuencia, se incluye en este concepto: “cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública, para la Unión Europea o para otra organización internacional pública”.
  • Se modifica el artículo 387 del Código Penal, en relación a los delitos de falsificación de moneda para incluir aquella moneda “que no ha sido todavía emitida o puesta en circulación oficialmente pero que está destinada a su circulación como moneda de curso legal”.
  • Se reforma el artículo 156 bis del Código Penal para completar el régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos.

Esta última reforma del Código Penal hace necesario revisar los mapas de riesgos penales elaborados por las organizaciones para adaptarlos a los nuevos tipos penales y revisar la valoración efectuada, como parte del proceso de verificación periódica de sus programas de cumplimiento normativo.